Ecuador – Potenciar el acceso a la justicia para migrantes y refugiados, a través de una defensa legal gratuita, y convertirse en un referente, es lo que busca la Red y Modelo Regional de Asistencia Jurídica a Personas en Situación de Movilidad. El proyecto lo presentó el Programa para la Cohesión Social en América Latina (EUROsocial) a la Asociación Interamericana de Defensoría Públicas (Aidef).
En la exposición del informe estuvo presente el Defensor Público General, Ángel Torres Machucha, como primer vocal de la Aidef, quien aseguró que la propuesta es una oportunidad para dar a conocer el trabajo en esta área, aprender de experiencias de otros países y adoptar soluciones en esta temática. Además, reiteró el compromiso de Ecuador para apoyar la labor de EUROsocial.
El documento recoge un diagnóstico de la situación en la región, marcado por un proceso de amplia movilidad humana, así como una compilación de buenas prácticas de varios países, entre ellos Ecuador. En febrero de este año, Juan Jiménez, experto del organismo internacional, visitó nuestro país para recoger los avances e innovaciones en esta materia, mismas que se constituyeron en una pauta para el planteamiento de este Modelo Regional.
El Defensor Público insistió en el trato equitativo que brinda la Defensoría Pública a este grupo social, el acuerdo que suscribió hace seis años con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para fortalecer el trabajo, la cobertura del servicio a nivel nacional y la especialización de defensores públicos.
Explicó que, entre los ejes de atención, la institución brinda asistencia legal en el proceso de determinación de la condición de refugiado, así como para otras formas de regularización migratoria. Además, ofrece acompañamiento y representación legal a niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados.
Mediante dicho servicio, desde el 2017 hasta la actualidad, atendió más de 20 mil casos de movilidad humana, de los cuales casi la mitad (8,155 procesos) corresponden al 2020. De ellos 5.264 corresponden a ciudadanos venezolanos y 2.117 colombianos.
También se refirió al acompañamiento a migrantes y refugiados en la emergencia sanitaria para evitar, por ejemplo, desalojos, y a los retos por cumplir, entre ellos, impulsar el intercambio de profesionales entre Defensorías Públicas, contar con un repositorio común y de buenas prácticas, asesoría de expertos para el litigio estratégico y estandarizar el servicio de atención.
Fuente: defensoria.gob.ec