CHILE, 27 de marzo de 2020 — Cuarenta y cuatro peticiones para cambiar la prisión preventiva por arrestos domiciliarios u otras medidas cautelares solicitaron los defensores penales públicos de Tarapacá, con el objetivo de proteger a ese número de imputados que presentan especial vulnerabilidad ante el peligro de contagio por Covid-19 en los establecimientos penitenciarios.
En esta zona del país 17 mujeres y 27 hombres fueron considerados para estas solicitudes, tomando en cuenta factores como que fueran mayores de 60 años o sufrieran enfermedades crónicas y, en el caso particular de las internas, que estuvieran embarazadas o vivan su reclusión junto a hijos lactantes.
Así lo confirmó el Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión, al explicar que estas gestiones refuerzan el cuidado que la institución mantiene respecto de las personas a quienes otorga asistencia jurídica, buscando una respuesta eficaz ante la actual emergencia sanitaria que vive Chile y el mundo.
Las solicitudes fueron presentadas en los tribunales de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, en una acción masiva y coordinada, ejecutada simultáneamente por los defensores penales públicos de todo el país.
“Estas peticiones se refieren sólo a los imputados, es decir personas a quienes se les está investigando por un delito sin que haya una sentencia ya dictada. Para quienes cumplen condena estamos esperando la promulgación de la ley que actualmente se tramita en el Congreso, lo que también nos ayudará a proteger mejor los derechos de otros grupos vulnerables”, aclaró Carrión.
ESTRATEGIA NACIONAL
La gestión descrita obedece a una decisión tomada a nivel central por el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, quien detalló que “como Defensoría Penal Pública levantamos un registro a nivel nacional con todas las personas que están imputadas y en prisión preventiva y que pertenecen a estos grupos en riesgo”.
Mahnke agregó que la iniciativa –que a nivel nacional considera a casi mil personas- fue dada a conocer esta semana al ‘Comité operativo de emergencia’ del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que convoca a todas las instituciones intervinientes en el sistema, con el propósito de salvaguardar la salud de los internos en el marco del hacinamiento carcelario.
Fuente: DPP/CL