REDPO: En reconocimiento al Día de la Defensoría Pública Oficial del Mercosur, celebrado el 22 de noviembre, los líderes de los coordinadores nacionales de la Reunión Ordinaria de la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales (REDPO) felicitan a todos los defensores y defensores públicos de los países del Mercosur, que ejercen diariamente su noble carrera, haciendo efectivos los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales. Cabe señalar que, en los últimos años, la Defensoría Pública Oficial de los Países del Mercosur ha avanzado con fuerza en la lucha por la autonomía e independencia, tanto a nivel nacional como regional.
El “Día Oficial de la Defensoría Pública del Mercosur” fue instituido por la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (Redpo), en sesión realizada en marzo de 2007, en la ciudad de Asunción, Paraguay, en celebración de la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica, importante instrumento utilizado por defensores públicos de la región, que fue firmado el 22 de noviembre de 1969.
La Redpo es un foro central del Mercosur orientado a la cooperación e integración, con el objetivo de promover el fortalecimiento institucional de las Defensorías Públicas Oficiales y colaborar en la defensa de los derechos humanos y garantías reconocidas por los Tratados, Legislación y Constituciones Nacionales de los miembros y normas del Mercosur.
Por eso, desde entonces, Redpo recuerda la fecha y aprovecha para saludar a todos los compañeros magistrados y empleados que diariamente ejercen la noble tarea de operativizar los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que integran nuestro ordenamiento jurídico. reafirmando el valioso papel social de la defensa pública como actor fundamental en el debido proceso, el derecho de defensa ante los tribunales y el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad, garantizando en última instancia el principio de igualdad ante la ley, propio de un estado democrático.