Ayer por la tarde, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, participó de la VIII Sesión Extraordinaria sobre los Mecanismos de Monitoreo de los Centros de Detención. Del encuentro, que se realizó en forma virtual y fue organizado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), participaron representantes de distintas instituciones de defensa pública oficial de la región.
Luego de la intervención del anfitrión Carlos Alberto Játiva, representante permanente del Ecuador ante la OEA, tuvieron lugar las presentaciones de Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional, y de Gabriel Faria Oliveira, defensor público general federal de Brasil y subcoordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF). Ellos realizaron un informe sobre las actividades referidas a la defensa pública oficial autónoma, realizadas en el marco del mandato de la resolución AG/RES. 2941 (XLIX-O/19) “Promoción y protección de derechos humanos”. También abordaron la situación de emergencia en las prisiones de la región por la pandemia de COVID-19 y la necesidad de un mayor control sobre las cárceles ante esta nueva realidad.
Al turno de la intervención de los Estados miembros, Stella Maris Martínez se refirió al proyecto para luchar contra la violencia institucional en las cárceles, que se está llevando a cabo en Argentina, Chile y Costa Rica con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europa. El proyecto, mediante la aplicación de los documentos elaborados en el marco de la AIDEF Diagnóstico de la violencia institucional carcelaria y de los sistemas y buenas prácticas existentes para su respuesta y atención y la Guía regional de atención integral a víctimas de violencia institucional en las prisiones de América Latina, busca potenciar la función de las defensorías públicas oficiales respecto de la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y, en especial, fortalecer el acceso a la justicia de las que han sufrido violencia institucional.
Específicamente sobre la defensa pública argentina, la defensora general de la Nación destacó la función de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN) que participa activamente en el monitoreo de las condiciones de los lugares de detención; también señaló que «se realiza un trabajo muy intenso de control sobre la violencia institucional, tanto en prisiones como en instituciones de menores, o de la violencia que puede ser ejercida en las calles.» En relación al contexto de la pandemia de COVID-19, informó que el Programa contra la Violencia Institucional de la DGN está investigando los alcances de los casos en los que la violencia institucional se traduce en falta de atención sanitaria.
También se refirió a las denuncias que realiza la defensa pública argentina y el patrocinio que brinda a las víctimas de violencia institucional que desean presentarse como actores en las causas que se abren. «En este momento tenemos 132 víctimas que son patrocinadas por funcionarios de la Defensoría General de la Nación», informó.
Martínez concluyo que «todo esto, en este momento de crisis que atravesamos, nos demuestra lo fundamental del rol que cumplen los defensores públicos». Para finalizar destacó «el enorme valor que tienen los documentos que ha emitido la Asamblea General de la OEA, que nos sirven en el litigio diario y también para protegernos ante cualquier intromisión que se pueda producir en nuestro trabajo».
Por MPD Argentina, aquí.