El Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (MPD) fue reconocido el pasado 30 de octubre en la Ciudad de México en el marco del “Quinto Premio: Sentencias Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetos de Protección Internacional”, que reconoce sentencias emitidas en América “bajo las más altas normas y estándares de derechos humanos” y buenas prácticas en pos del acceso a la justicia.
La defensa pública argentina fue premiada por las intervenciones de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación (DGN) y de la Dra. Florencia Plazas, defensora oficial ante los Tribunales Federales de CABA, quienes lograron que la sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hiciera lugar a los recursos de apelación interpuestos y detuviera el proceso de expulsión del territorio argentino de una persona migrante uruguaya (F.B.), que había sido condenada a la pena de 5 años y 2 meses de prisión por haber sido considerado responsable de “disparo de arma de fuego agravado, encubrimiento a la supresión de la munición de arma de fuego y portación de uso civil condicional en concurso real”.
El hombre es padre y único sustento de cinco niñas menores de edad nacidas en el país. Además de residir en Argentina desde 1984, F.B. requiere -como también una de sus hijas- de medicación y asistencia médica periódica, que recibe en un hospital público.
Las presentaciones de la defensa enfatizaron que la sentencia de primera instancia contemplaba la situación migratoria del hombre “valorando exclusivamente el antecedente penal que registra, sin tener en cuenta el resto de los intereses comprometidos en el caso, y el grado de afectación que tiene la medida en su vida familiar. En particular, las razones humanitarias vinculadas a garantizar y resguardar la salud y la integridad física de él y su hija, en tanto portadores del VIH, puesto que aquí reciben el tratamiento medicamentoso y realizan los controles médicos en forma gratuita”.
Para la defensa, la sentencia tampoco tomó en cuenta el interés superior del niño. Así, afirmó que “la Convención sobre los Derechos de Niño establece que los Estados velarán por que los niños no sean separados de sus padres, y que, la expulsión del señor [F.B.] produciría el desmembramiento de su grupo familiar, y afectaría directamente a sus hijas menores de edad”. Además, precisó que “el Estado Argentino debe evaluar las circunstancias particulares de las personas involucradas, en particular, su historia migratoria, la nacionalidad, guarda, y residencia de los hijos de la persona que se pretende expulsar, y el alcance de la afectación que genera la ruptura familiar debido a la expulsión”.
Es el segundo año consecutivo que el MPD es galardonado con el premio que convoca la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México junto con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instituciones.
En 2019 la defensa pública argentina había sido reconocida por haber ejercido la representación de una persona migrante cuya expulsión también había sido ordenada por la Dirección Nacional de Migraciones y que terminó siendo anulada gracias a las acciones de la Defensoría Pública Oficial Nº 2 ante los Juzgados Federales de Lomas de Zamora y de la Defensoría Pública Oficial Nº 1 ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de La Plata.
Para ver los recursos presentados por la defensa pública argentina hacer click en los siguientes enlaces:
Recurso Nº 1
Recurso Nº 2
Recurso Nº 3
Para ver la sentencia, hacer click en:
Sentencia