Argentina: Se presentó la publicación “mujeres imputadas en contextos de violencia o vulnerabilidad”

Participaron de la presentación la Dra. Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación; Alfonso Martínez-Sáenz, Coordinador Adjunto del Área de Políticas de Igualdad de Género de EUROsociAL+. El acto virtual también contó con la presencia de las dos expertas que participaron de la investigación: Patricia Laurenzo Copello, catedrática Derecho Penal, y la argentina Rita Segato, doctora en antropología social y activista feminista.

En su intervención, la defensora general, tras destacar el importante aporte realizado en esta investigación por las expertas que trabajaron junto al equipo de la Defensoría General de la Nación (DGN), realizó una descripción del trabajo: “la temática de esta publicación es abordada de manera general y completa, además es presentada de una manera sencilla y adaptada para ser aplicada al trabajo cotidiano de la defensa. El trabajo hace una presentación de la teoría del delito desde la óptica de género. Así, muestra las grandes inequidades de esa teoría y cómo, bajo el aparente ropaje de igualdad, en realidad está construida, aplicada y dirigida por hombres de una determinada clase social dominante.”

“Necesitamos comenzar con la deconstrucción de ese derecho penal y construir otro que en la práctica mire realmente como iguales a hombres, mujeres y personas transgénero. Aplicar el derecho de manera igualitaria no quiere decir usar la misma regla para medir a quien está en una posición dominante y a quien se encuentra sometido.” En ese sentido, Stella Maris Martínez también afirmó que “jueces y juezas, por las características de su formación, realizan análisis de características patriarcales sobre los casos. Este encorsetamiento del pensamiento no les permite a los operadores de la justicia ver los casos de las mujeres que se analizan en este libro como víctimas sino como delincuentes.”

A su turno Rita Segato afirmó que “el resultado de esta investigación es muy importante y deja varias enseñanzas. Para mí fue una experiencia dolorosa, en el sentido que visité lugares del norte del país en el que me encontré con un inmenso y triste espectáculo de injusticia. En mi informe intenté dar voz y atravesar las voces a las que estuvimos expuestas en las visitas a los lugares, y en las entrevistas con operadores judiciales de diferentes niveles, jurisdicciones y especialidades.”

La antropóloga afirmó que “la justicia es incapaz de ser empática, es decir de ver el mundo desde el punto de vista de estas mujeres. Esa capacidad es fundamental para la justicia cuando tiene que intervenir en situaciones detrás de las cuales se encuentra una estructura de enorme desigualdad. Hacer el giro hacia la mirada del otro significa considerar cómo ellas entienden lo que están haciendo, cómo entienden las normas del derecho y cómo tramitan su propia sobrevivencia. Eso fundamental y, a partir de los resultados del libro, podemos afirmar que no está presente en la formación de los que juzgan, por eso sus sentencias no llegan a ser pedagógicas o persuasivas, como deberían ser para tener un verdadero impacto en la vida y en las prácticas de las personas.”

Por su parte, la catedrática de la Universidad de Málaga Patricia Laurenzo Copello destacó el nivel del equipo formado por la DGN para trabajar sobre los derechos de género por su “conocimiento profundo de la teoría feminista aplicada al ámbito del derecho y que, además, está trabajando directamente en la práctica judicial.” A su vez comentó que “la finalidad de la investigación era dotar a los operadores jurídicos, particularmente a los defensores, de herramientas adecuadas y justas para la defensa de mujeres que delinquen en contextos de violencia de género o en situación de vulnerabilidad económica o social.”

También comentó que el análisis se centró en tres grupos de casos en los que la presencia de prejuicios y estereotipos de género que se filtran en la aplicación de la ley penal es particularmente intensa, los cuales describió: “Uno de estos grupos son los delitos de status, como los denomina la criminología feminista, que son los que se relacionan con el incumplimiento por parte de las mujeres de los roles atribuidos a la condición femenina, como los deberes de protección de los hijos. El segundo grupo de casos es el de las mujeres que matan o lesionan a su pareja maltratadora en una situación de defensa por violencia de género. El tercer grupo de casos, que no podía faltar en un análisis sobre situaciones de vulnerabilidad relacionado con la delincuencia femenina, es el de tráfico de drogas.”

Laurenzo Copello afirmó que “a partir de esta investigación se concluyó que los prejuicios de género se encuentran anclados en la propia teoría jurídica del delito, por eso quienes juzgan, conscientes y a veces de manera inconsciente, siguen aplicando y reproduciendo ciertas discriminaciones de género.”

La investigación

El estudio fue realizado con el aporte del Programa EUROsociAL+, el apoyo del Ministerio Público de la Defensa y la coordinación de la asociación Expertise France. La obra es el resultado de una investigación que emprendieron desde mediados de 2017 un equipo de trabajo de la Defensoría General de la Nación integrado por las Dras. Julieta Di Corleto, titular de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia, Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género, Silvia Martínez, Defensora Pública a cargo de la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados en lo Criminal y Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional N°8, Cecilia González, integrante de la Comisión sobre Temáticas de Género, Analía Alonso, coordinadora del Programa de Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad, y el Dr. Sebastián Van Den Dooren, coordinador de la Unidad de Relaciones Institucionales en el Ámbito Internacional.

EUROsociAL+

Es un programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea que pretende reforzar las políticas públicas nacionales en materia social, de buena gobernanza e igualdad de género, con la finalidad de aumentar el nivel de cohesión social y reforzar las instituciones responsables de su aplicación.

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