El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconoció como buena práctica al servicio de representación legal y asistencia que, desde el año 2012, la Defensoría General de la Nación (DGN) brinda a través de su Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio. Además, ese servicio fue incorporado a la base de recursos disponibles que elabora el Grupo de Apoyo a la Capacidad de Asilo (ACSG por sus siglas en inglés), una iniciativa creada bajo el Pacto Mundial sobre los Refugiados que se adoptó en 2018.
Este reconocimiento e incorporación en la base del ACSG, que brindará mayor visibilidad a nivel internacional al trabajo realizado por la mencionada Comisión de la DGN, se logró a partir de la gestión realizada por la Dra. Analía Cascone, coordinadora de ese servicio. La publicación puede consultarse en el siguiente link en español: https://acsg-portal.org/tools/argentina-asesoramiento-y-representacion-legal-para-personas-solicitantes-de-asilo-refugiadas-y-apatridas/
Ese artículo repasa las funciones y la historia del mecanismo de asesoría y representación legal, público y gratuito, para las personas solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas, creado en 2007 en el marco del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD). Allí se describe que “en un principio, el programa sólo brindaba representación legal a niños, niñas y adolescentes no acompañados/as y personas adultas privadas de la libertad que buscaban asilo”, y consigna que ese servicio se amplió a través de la creación del Programa de Asesoramiento y Representación Legal para Personas Refugiadas y Solicitantes del Reconocimiento de la Condición de Refugiados.
De los hitos más recientes, se destaca la labor de la Comisión de la DGN en vinculación con la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), especialmente en la información hacia las personas solicitantes de su derecho a ser asistido gratuitamente por un/a abogado/a; y, por otra parte, que “en febrero de 2021, se firmó un Acuerdo de cooperación recíproca entre el MPD y ACNUR”. Ese acuerdo busca “fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Comisión y de las defensorías federales con competencia en frontera, dotándolas de recursos humanos y materiales, asíì como promover la realización de actividades de formación a integrantes del MPD de todo el país, y desarrollar campañas de sensibilización y de información adecuada a la población de interés acerca de sus derechos.”
La publicación también subraya de la siguiente manera el impacto que esta buena práctica tuvo en la realidad nacional: “La acción del Programa repercutióì positivamente en términos de estándares del procedimiento de determinación en Argentina. Entre 2016 y 2020, la DGN intervino en 5029 solicitudes de asilo nuevas y 2355 acciones judiciales de impugnación. Así mismo, hubo 677 casos de patrocinio en solicitudes de carta de ciudadanía. Adicionalmente, 149 casos de niños/as no acompañados/as bajo tutela se apoyaron a través de intervención legal y se remitieron 391 casos a defensorías federales de otras jurisdicciones ante el agotamiento de la vía administrativa.”
¿Qué es una Buena práctica?
El ACSG define a una “buena práctica” como una experiencia o innovación exitosa cuya aplicación en un contexto específico tiene efectos positivos reiterados, y por eso tiene el potencial de ser exhibida, adaptada y replicada en otros contextos similares.